La reforma del sistema de pensiones de Chile en 1981 fue aclamada en su inicio como gestión pionera que estableció un sistema privado de pensiones de capitalización individual, a fin de reemplazar el sistema anterior administrado por el Estado—sistema juzgado como insostenible.

Aunque controversial y con limitaciones de cobertura,  el nuevo sistema fue percibido como modelo para otros países en América Latina y economías emergentes. El sistema contribuyó a la estabilidad económica y  a la acumulación de capital, y proporcionó fondos de retiro para millones de contribuyentes. Más allá de un sistema de pensiones, la capitalización individual ha sido una fuente de inversión y un pilar del crecimiento económico en Chile.

Sin embargo, en los últimos años resultó evidente que la reforma al sistema de pensiones necesitaba ser mejorada. A pesar de su éxito, las cuentas de capitalización individual cubrían únicamente el 55 por ciento de la fuerza laboral—un porcentaje mayor a aquel de la cobertura del sistema de cuentas individuales privadas en otros países, pero mucho menor al esperado en Chile.

Por lo general, los trabajadores en el sector informal de la economía o aquellos con trabajo inestable no ganaron lo suficiente como para obtener una pensión decente. Muchos pensionistas no lograron aportar las contribuciones mínimas requeridas para recibir la pensión básica de retiro, o inclusive nunca llegaron a afiliarse a un plan de pensiones privado. Muchos jubilados recibieron del Estado sólo una pensión asistencial mínima, con una tasa de reposición promedio de sólo el 44 por ciento de sus salarios. Otros jubilados no recibieron nada.

Una mirada hacia adelante: “Pilar Solidario”

Una nueva reforma del sistema de pensiones chileno, aprobada por ambas cámaras del Congreso en el enero de 2008, busca resolver las deficiencias del sistema. Para el año 2025, se espera que la nueva reforma beneficie a aproximadamente 1.300.000 jubilados de bajos ingresos. El nuevo sistema busca aumentar los beneficios o, en el caso de 400.000 beneficiarios, otorgar una pensión mínima a quienes antes no recibían nada. Estos beneficios mínimos o  suplementarios serán administrados bajo un pilar de solidaridad llamado "pilar solidario"—una pensión que no requiere de contribuciones y es financiada por los ingresos de los impuestos generales. Así,el pilar solidario cubrirá aproximadamente el 60 por ciento de los jubilados.

La reforma también aumentará la tasa de reposición promedio del sueldo—el porcentaje del sueldo equivalente a una pensión—del 44 al 70 por ciento, minimizando variaciones extremas en la tasa de reposición, que actualmente oscila del 100 al cero por ciento. Esta medida también reduce la brecha entre las pensiones recibidas por hombres y mujeres, quienes reciben pensiones considerablemente menores que los hombres.

Los trabajadores independientes serán incorporados en el nuevo sistema como contribuyentes activos a través de varios mecanismos, que incluyen un método de cobro más fácil, incentivos, beneficios suplementarios y fiscalización.

La nueva reforma también promueve mayor competencia entre las distintas empresas privadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), y el establecimiento de un marco institucional más integrado para dirigir el sistema de pensiones. Dos nuevas agencias estatales serán establecidas para dar mejor servicio a los jubilados de bajos ingresos y aumentar la confianza en el sistema: el nuevo Instituto de Previsión Social administrará el “pilar solidario” y la Superintendencia de Pensiones regulará el sistema.

Participación de la sociedad civil

Mario Marcel, ex presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional en Chile—una unidad establecida en 2006 con el propósito de formular el proyecto de reforma luego de una serie de audiencias y estudios—sostiene que el liderazgo nacional fue muy cauteloso en reformar el sistema por muchos años, para evitar disturbios en los mercados financieros. Marcel, quien es actualmente gerente del Sector de Capacidad Institucional y Finanzas del BID en Washington, señala que un componente importante del proceso de la reforma fueron las audiencias con las organizaciones de la sociedad civil y  la ciudadanía. Las audiencias revelaron una amplia desconfianza en el sistema y falta de información para obtener beneficios.

“Esta fue la primera vez en la historia política de Chile que una reforma comprehensiva del sistema de pensiones fue discutida y  aprobada bajo condiciones democráticas”, subrayó Marcel.

El BID apoyó el proceso de reforma con subvenciones para proyectos de cooperación técnica, estudios para analizar las fortalezas y deficiencias en el sistema de pensiones chileno y sugerencias para corregir las imperfecciones. En julio de 2007, el Banco aprobó un préstamo de 17,5 millones de dólares para permitir al gobierno establecer las instituciones necesarias, sistemas de información y regulaciones para llevar a cabo la reforma de manera integrada y coordinada, promoviendo así un mejor servicio a los clientes y mayor conciencia ciudadana en participar en el sistema.

Previamente, el BID analizó varios sistemas de pensiones en América Latina e identificó “una serie de vacíos institucionales”, observó Koldo Echebarría, ex representante del BID en Chile y actual gerente de la Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo.

Un aspecto innovador de la participación del BID en el proceso de diseñar una nueva reforma de pensiones en Chile, fue la inversión en un sondeo de opinión pública que reveló una profunda angustia entre los trabajadores de bajos ingresos y sus posibilidades de obtener una pensión, señaló Echebarría. Según la encuesta, muchos ciudadanos están desinformados con respecto a los beneficios de sus pensiones y desconfían del sistema, con expectativas bajas o inexistentes. El resultado de esta encuesta e información obtenida de otros sondeos de opinión encontraron eco en la inclusión de mecanismos de participación pública y diseminación de información en el nuevo sistema.

La nueva reforma de pensiones chilena marca un “hito para toda la región”, según Echebarría. “Del mismo modo que Chile fue el primer país en emprender una reforma en los años ochenta, creando el sistema de capitalizaciones individuales, este país marca de nuevo la pauta sobre reforma de pensiones que se va a tener que hacer en varios países de la región”.